FGJEM investiga presunta simulación de privación de la libertad en el caso de la alcaldesa de Tenancingo

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●La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal contra seis personas presuntamente relacionadas con los hechos reportados el pasado 31 de mayo
●De acuerdo con las indagatorias ministeriales, se indaga si el suceso respondió a una planeación orientada a la obtención de recursos públicos

TOLUCA, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó formalmente sobre el ejercicio de la acción penal en contra de seis personas por su probable intervención en los hechos relacionados con la supuesta privación de la libertad de la presidenta municipal de Tenancingo, identificada con las iniciales N.N.P.. El caso, que inicialmente fue denunciado como un secuestro suscitado el pasado 31 de mayo, es actualmente tipificado por la autoridad ministerial bajo la línea de investigación de un hecho delictivo de simulación de secuestro.
Según el comunicado oficial 0598/2026 emitido por la institución, los actos de investigación y el análisis de registros tecnológicos aportaron elementos que modificaron la versión inicial del rapto forzado.
La Fiscalía señaló que las evaluaciones de registros de videovigilancia muestran el momento en que la servidora pública presuntamente descendió de su vehículo y abordó un automóvil Volkswagen Virtus color rojo de manera complementaria, sin que se observaran explícitamente conductas de fuerza física, sometimiento o resistencia por parte de los terceros involucrados.

Las indagatorias de la representación social sugieren que la planificación del suceso pudo haberse iniciado en el mes de febrero de este año.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a que José Roberto «N» y Oscar «N», identificados formalmente como esposo y cuñado de la alcaldesa, habrían coordinado la simulación con el fin de formular una exigencia económica de 40 millones de pesos al erario municipal.
La Fiscalía sustentó esta línea de investigación, entre otros elementos, en la declaración ministerial de uno de los participantes del entramado, quien manifestó textualmente ante la autoridad competente:
«…todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero.»
De igual forma, el informe técnico detalla que Oscar «N» presuntamente estableció contacto con un conocido de nombre Cristian «N», ofreciéndole una compensación económica a cambio de su intervención operativa. Las indagatorias también identifican una supuesta red de comunicación constante mediante análisis telefónicos: las bitácoras exponen 136 registros de comunicación entre Oscar «N» y Cristian «N», así como 49 registros de llamadas en el periodo correspondiente entre José Roberto «N» y Oscar «N», a pesar de que el primero negó dichos contactos en su entrevista inicial ante el Ministerio Público.
Desplazamiento e intervención de las autoridades
El reporte ministerial añade que durante el traslado del 31 de mayo hacia la localidad de San Pedro Zictepec, la alcaldesa presuntamente sugirió rutas alternativas con el probable fin de no ser captados por los arcos de videovigilancia. No obstante, ante la presencia detectada de unidades policiales en la zona, los involucrados habrían optado por dejar a la funcionaria en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, lugar desde donde ella reportó su supuesta liberación y solicitó auxilio.
Posteriormente, las labores de rastreo telefónico ubicaron de forma inicial el dispositivo móvil utilizado en los hechos en la Ciudad de México y, días después, en el estado de Oaxaca.
Mediante un esquema de colaboración interinstitucional con las autoridades oaxaqueñas, elementos de la Fiscalía mexiquense cumplimentaron la captura de Karla Valeria «N», Víctor Manuel «N» y Christian «N» en dicha entidad el pasado 11 de junio.
Situación procesal y presunción de inocencia
Es indispensable precisar que la situación jurídica de los investigados se encuentra en fase de definición judicial y, bajo los principios constitucionales, se les debe considerar inocentes en tanto un tribunal competente no dicte una sentencia condenatoria.

Al respecto, la Fiscalía estatal solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente en contra de José Roberto «N» y Oscar «N», quienes actualmente se consideran evadidos de la acción de la justicia. Por lo que respecta a la presidenta municipal N.N.P., la representación social solicitó una Audiencia de Formulación de Imputación por el probable delito de simulación de secuestro, fijada formalmente para el próximo 9 de julio.
De acreditarse el supuesto delictivo conforme a la Ley General en la materia, las penalidades podrían alcanzar hasta los 16 años de prisión.

Adicionalmente, los hechos descritos respecto a los presuntos manejos presupuestarios fueron notificados formalmente a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que realicen las auditorías correspondientes a la hacienda municipal de Tenancingo, a fin de deslindar de manera clara y neutral cualquier tipo de responsabilidad administrativa o financiera.

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